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SUPLEMENTO DE DERECHO CONSTITUCIONAL - DOCTRINA

Juicio político, suspensión provisoria y control de constitucionalidad
A propósito del enjuiciamiento a un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia

Por Carlos R. Baeza (*)

  

El Estado de Derecho  -como señala Fayt-  fue concebido por Robert von Mohl como una de las cinco formas de organización estadual en la cual el imperio de la ley se erige como pauta rectora del ordenamiento político y donde las esferas de actividad, tanto del Estado como de los individuos, se hallan jurídicamente determinadas: se garantizan así las libertades individuales y la actividad estatal, en un régimen en el que no gobiernan los hombres sino las leyes [1].

El Estado de Derecho significa, entonces, que todo principio de derecho lleva como corolario la seguridad que el Estado se compromete a sí mismo a cumplirlo, o sea, que el derecho sujeta tanto a gobernantes como a gobernados. A diferencia del estado de policía, con base en el principio según el cual el fin justifica los medios y dentro de cuyo ámbito, la autoridad actúa en forma discrecional, el Estado de Derecho se desenvuelve secundum legem y frente a los ciudadanos él mismo se somete al régimen de derecho [2]

Sin embargo, el inicio del juicio político al Ministro de la Corte Suprema de Justicia Dr. Eduardo Moliné O’Connor y la suspensión en sus funciones dispuesta en el marco de dicho proceso, no se ajustan a esos lineamientos y resultan francamente violatorios del régimen constitucional vigente.

 

1° Mal desempeño: Ante todo resulta evidente que el dictado de sentencias debidamente fundadas no puede ser considerado, bajo ningún punto de vista, como causal de mal desempeño. Precisamente, el Poder Judicial, a diferencia de los restantes, “es el poder de oír y determinar todos los casos de ley y de hecho que ocurran entre el gobierno y partes, o entre partes, bajo esta Constitución, la ley de las naciones (derecho internacional), y las leyes y tratados...que sean legalmente llevados a conocimiento y jurisdicción de cualquiera de las cortes o tribunales judiciales establecidos bajo la constitución” [3] Es, entonces, la función esencial del Poder Judicial el dar solución a los conflictos llevados a sus estrados mediante el dictado de una sentencia; máxime cuando en el caso de la Corte Suprema de Justicia esta se erige como la intérprete final del texto constitucional. Mal puede, por tanto, considerarse causal de mal desempeño el fiel cumplimiento de la actividad jurisdiccional.

El proyecto de la Comisión redactora del texto de 1853, había previsto la remoción de ciertos funcionarios, así como las causas que permitían la adopción de tal procedimiento. En cuanto a los sujetos

pasibles de ser enjuiciados se enumeraban: Presidente, Vicepresidente, Ministros; miembros de ambas Cámaras y jueces de la Corte Suprema de Justicia; y respecto a las causales las mismas eran “por delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos, violación de la Constitución, u otros que merezcan pena infamante o de muerte”. Finalmente, la cláusula sancionada como art.41 agregó a la nómina a los gobernadores de provincia.

Al producirse la reforma constitucional de 1860, se introdujeron importantes modificaciones al dispositivo. Ya en el informe del Redactor se señalaba que la norma aprobada en 1853, era un “tejido de incongruencias y errores, de los que por no comprender el carácter y objeto de este juicio, han confundido los crímenes de un carácter puramente político y el mal desempeño de las funciones del empleo de los acusados ante el Senado, con los crímenes ordinarios, que son los que merecen pena infamante o de muerte, dejando por el contrario sin responsabilidad por sus actos abusivos a los altos funcionarios en lo ejecutivo y judicial, los cuales actos son los acusables ante el Senado”.

Se agregaba que ello provenía de una deficiente traducción, puesto que “el inglés posee una palabra legal ‘misdemeanor’  -mala conducta-  que el español no tiene; y que los que adoptaron en 1819 a nuestras constituciones el juicio de ‘impeachment’, que tampoco tiene palabra equivalente, no sabiendo cómo traducirla de una manera precisa, la omitieron, quitando con esta omisión a los funcionarios acusables, toda responsabilidad de su mal desempeño como jueces o como Poder Ejecutivo, con lo que habían hecho ilusoria la responsabilidad de ambos poderes ante el Senado. Que encontrando ‘high crimes’ entre los especificados, y no hallando bastante clara esta denominación, la parafrasearon en ‘crímenes que merezcan pena infamante o de muerte’, dándole el carácter de crímenes ordinarios, cuando el ‘impeachment’ sólo se refiere a los crímenes de Estado, o actos del empleo, que traigan daño a la República”. Y que el error había llegado incluso a extender el juicio a los miembros de las Cámaras quienes como tales estaban ya sujetos al procedimiento del desafuero; como también a los gobernadores provinciales, afectando el sistema federal, dado que los actos de inconducta en que pudieren incurrir debían ser sometidos al juzgamiento y remoción de sus respectivas legislaturas [4]

Que por ello y siguiendo la Constitución de Nueva Granada, la cláusula finalmente sancionada como art. 45 reconoció tres causales (mal desempeño; delito en el ejercicio de las funciones y crímenes comunes) y eliminó a los gobernadores y miembros del Congreso.

Fácilmente se advierte respecto a las causales de destitución, que nunca el dictado de sentencias ajustadas a derecho puede ser causal de mal desempeño que habilite el juicio político. Como también se señalara en el informe de la Comisión reformadora de 1860, el texto de 1853 sólo aludía a la comisión de delitos o crímenes, pero no contemplaba el supuesto de mal desempeño; y en tal sentido se decía que “el tribunal que falta a su deber, el juez que prevarica, el ministro que abusa de su posición para tomar parte en especulaciones ilícitas, que pueden no ser dañosas a los caudales públicos; el presidente o gobernador que ejerce o autoriza la coacción sobre los empleados públicos o sobre el pueblo en el acto de las elecciones, no están comprendidos entre los grandes crímenes que especifican ambas Constituciones, ni puede decirse que violan un artículo constitucional cuya violación traiga aparejada pena infamante o de muerte siendo sin embargo estas y otras análogas, las verdaderas causas de responsabilidad que son del resorte del juicio político" [5]

 

2° - Suspensión provisoria: Igualmente carente de apoyo y abiertamente inconstitucional resulta la suspensión impuesta por el Senado a dicho Magistrado, al haber recurrido a un poder punitivo del que no se encuentra investido.

En efecto: conforme al art. 60 de la Constitución el fallo de la Cámara de Senadores en el juicio político “...no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo de la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios”.

Al debatirse en la Convención de Filadelfia los efectos que cabría asignar al  pronunciamiento del Senado en torno al funcionario encontrado culpable, se presentaron dos mociones: una, según la cual, además de disponer la destitución del mismo, facultaba a la Cámara para aplicar las penas que la legislación común prevé para quienes son juzgados por los órganos jurisdiccionales; en tanto la otra sólo habilitaba la destitución. De haberse adoptado la primera postura, en caso de absolución no podría juzgarse nuevamente al funcionario, toda vez que el pronunciamiento del Senado impediría un nuevo proceso por parte de jueces comunes, con base en la garantía según la cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. En cambio, de seguirse el restante criterio, y en caso de decretarse la culpabilidad del acusado, el Senado se limita a su destitución pero posibilita su juzgamiento por los tribunales ordinarios. De lo contrario, “si se hubiera decidido que era imposible toda persecución ulterior, habría sucedido que, los criminales públicos menos excusables, escapasen a los castigos reales de la ley, por crímenes que para otros ciudadanos arrastrarían la pena capital” [6]

Acerca de la limitada función del Senado en cuanto a los efectos del juicio político, Tocqueville señala la diferencia con el sistema europeo, dado que en este “los tribunales políticos pueden aplicar todas las disposiciones del Código penal y en los Estados Unidos, cuando desposeen a un culpable del carácter público de que está revestido y lo han declarado indigno de ocupar ninguna función política en el porvenir, su derecho está agotado y la tarea de los tribunales ordinarios comienza” [7]

Por tanto, frente a la declaración de culpabilidad del Senado, las consecuencias pueden ser:

- en todos los casos y cualquiera sean los hechos imputados, la destitución del funcionario o magistrado.

- en los supuestos en que alguno de esos hechos pudiere configurar delito, el imputado al quedar privado de su cargo y de la inmunidad con la que hasta entonces contaba, puede ser juzgado y penado en base a las leyes comunes y por ante los jueces ordinarios. Cabe, no obstante, señalar la diferencia existente con el trámite del desafuero, toda vez que mientras en el caso de los legisladores, la causa penal puede iniciarse y continuarse hasta el momento en que sea menester proceder a la detención, para lo cual, precisamente, se ha instituido el desafuero, en los supuestos del juicio político, en cambio, no es posible siquiera iniciar el proceso hasta tanto el Senado no produzca la destitución del acusado.

- eventualmente y según la índole de los hechos cometidos, puede también el Senado inhabilitar al funcionario o magistrado para ocupar cargos en el futuro.

Cabe tener presente que en caso que el funcionario imputado hubiere renunciado a su cargo, no es dable la instrucción del juicio político y, de haberse producido la dimisión durante su sustanciación, el mismo queda sin efecto, teniendo en cuenta que su efecto principal es la separación del funcionario.

En el año 1990 la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín (Bs.As.) se dirigió a la Corte Suprema de Justicia para que peticionara al Congreso la suspensión del juez federal de Mercedes durante el trámite del juicio político al que sería sometido. En esa ocasión, el Alto Tribunal mediante Acordada n° 67 del 20 de noviembre de 1990 rechazó el planteo en voto dividido. La mayoría entendió que no correspondía a la Corte solicitar esa medida al Poder Legislativo hasta tanto se resolviera el juicio político y aun cuando la situación revistiera gravedad (voto de los Dres. Belluscio; Petracchi; Nazareno; Moliné O’Connor y Oyhanarte). Por su parte la minoría consideró que resultaría absurdo que la facultad que se confiere a cualquier habitante para peticionar a las autoridades fuera negada a quienes, como ese Tribunal, están investidos de autoridad pública y sin que tal solicitud implicara una intromisión de un poder en la esfera privativa del otro. Que las diversas atribuciones que la Constitución confiere a cada poder no veda la posibilidad de peticiones o sugerencias entre los mismos en torno a decisiones privativas de alguno de ellos; y de allí que la Corte debiera intervenir frente al conflicto planteado entre un magistrado sujeto a juicio político y el foro de esa jurisdicción, al generarse un clima que afectaba la correcta administración de justicia (voto de los Dres. Fayt; Cavagna Martínez y Barra).

En cambio y frente al pedido de enjuiciamiento del juez federal de Bahía Blanca, la Cámara de Diputados mediante Orden del día n° 1726 solicitó al Senado la suspensión de dicho magistrado mientras se substanciara el proceso. La Cámara Alta hizo lugar a la presentación considerando que la misma no resultaba lesiva del entonces art.96 de la Constitución, puesto que suspender no es remover, sino solamente aplicar una medida preventiva; y que asimismo, la facultad mayor conferida al Senado para destituir conlleva el ejercicio de una atribución menor como es la suspensión. Por estos argumentos, el cuerpo entendió que es indiscutible su potestad para crear reglas de procedimiento tendientes a regular el poder punitivo del mismo, tal como surge de los poderes implícitos que la Constitución confiere al Congreso; y si bien se reconoció que la cláusula que regula los efectos de la remoción no incluye la suspensión, se afirmó que la imputación al magistrado de graves causales que pueden afectar el decoro de la función, hacían no sólo conveniente sino incluso necesaria la adopción de esa medida, por todo lo cual procedió a la suspensión del juez en forma precautoria y sin goce de haberes [8]

Creemos, no obstante, que la Constitución al facultar al Senado a remover a los funcionarios acusados por la Cámara de Diputados no se encuentra autorizada para suspenderlos durante la tramitación del juicio político. El argumento basado en que quien puede lo más puede lo menos, es factible en otros ámbitos pero no en este en el cual los constituyentes limitaron el poder punitivo del Senado; como tampoco puede apoyarse la viabilidad de esta medida en los poderes implícitos del Congreso, dado que, por una parte, tales facultades sólo abarcan a las contenidas en leyes y reglamentos (art.75 inc.32) pero sin que exista norma alguna que permita actualmente fundar esa atribución; y además porque la solución propuesta sólo es posible en casos de lagunas legales pero no en supuestos como el examinado en el cual una cláusula constitucional limita esos poderes.

La reforma constitucional de 1994 introdujo el art. 114 que faculta al Consejo de la Magistratura a suspender a los magistrados inferiores sujetos a remoción por ante el Jurado de enjuiciamiento. Pensamos, no obstante, que ello representa un avasallamiento del sistema de división de poderes al colocar en manos de ese órgano tamaña facultad. En efecto: el Poder Judicial es ejercido por la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales inferiores (art. 108 C.N.) lo cual revela que el Consejo de la Magistratura que es un órgano extrapoder, mal puede intervenir suspendiendo a un integrante de la judicatura; sin que tampoco ello pueda ser dispuesto por el Jurado de Enjuiciamiento atento que el art. 115 sólo lo faculta a destituir al acusado.

Pero aún cuando así no se interpretara, todo ello sería aplicable a los jueces inferiores y no a los miembros de la Corte Suprema de Justicia a quienes el Senado, como se viene diciendo, sólo puede remover pero nunca suspender.

 

3° Control de constitucionalidad: Finalmente, se ha sostenido por integrantes del Senado que la decisión que el cuerpo adopte en el juicio político en consideración, es insusceptible de revisión por el Poder Judicial por revestir el carácter de cuestión política, afirmación que tampoco se ajusta a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia.

La jurisprudencia del Alto Tribunal,en esta materia, se ha basado en forma prioritaria en los procedimientos de enjuiciamiento de magistrados por órganos provinciales y de los que se llegaba por vía recursiva a esa instancia. En tal sentido la Corte mantuvo una inflexible postura de no revisión de las decisiones de aquellos órganos, basándose en que los mismos eran de incumbencia de las autoridades locales, habida cuenta que en virtud de la reforma de 1860, se había eliminado como causal de competencia originaria de la Corte, la de resolver los conflictos entre los diferentes poderes públicos de las provincias.

En este sentido se afirmó que los jurados de enjuiciamiento existentes en las provincias con el fin de juzgar en las causas promovidas contra magistrados judiciales, no revestían el carácter de tribunales de justicia; ya que no se trataba de la jurisdicción judicial originaria; ni las decisiones adoptadas emanaban de los órganos permanentes de la administración de justicia local; ni tampoco de funcionarios administrativos investidos legalmente de atribuciones jurisdiccionales. Sólo se estaba en presencia del ejercicio de atribuciones políticas, referidas a la integración de los poderes provinciales, regidos por la Constitución y leyes locales y como tales, ajenos al control de la Corte[9]

Sin embargo, a partir del caso “Graffigna Latino” esa línea jurisprudencial varió al admitirse el control de constitucionalidad de las decisiones en los llamados juicios políticos o de enjuiciamiento de magistrados, cuando se invoca la violación del debido proceso. Se dijo que las excepciones al principio de irrevisibilidad judicial “ y que se fundan en la posibilidad de distinguir entre los conflictos locales de poderes en sentido estricto y los supuestos en los que se trata de hacer valer a favor de personas individuales la garantía constitucional de la defensa en juicio, podrán hallar, de todos modos, su campo, no en el ejercicio de la jurisdicción originaria del Tribunal, sino en el de la apelada” [10]

Que en tales supuestos, sin embargo, aun es menester que el afectado por una decisión adversa del jurado de enjuiciamiento, plantee las eventuales cuestiones federales ante el Superior Tribunal provincial, como requisito de admisibilidad del recurso que, eventualmente, decidiera promover [11]; como también exponer en forma concreta ante dicho órgano  o ante la Corte Suprema de Justicia, cuáles son las defensas que se le habría impedido ejercer y, en su caso, en qué medida ellas habrían tenido influencia en la solución final adoptada [12]

En la causa “Magín Suárez”, la Corte por mayoría, continuó la línea esbozada a partir de “Graffigna Latino” sosteniendo que si bien en principio la compatibilidad de las instituciones locales con la previsión del art.5° de la Constitución Nacional, en cuanto a la forma republicana de gobierno o a la división de poderes, envuelve una cuestión política no susceptible de revisión judicial, ello debe ceder cuando se invocan importantes razones que hacen a supuestas violaciones de las garantías consagradas por el art. 18 de la Constitución Nacional, ya que es función de la Corte asegurar el principio de supremacía y sin que tal intervención importe avasallar las autonomías provinciales, sino asegurar el acatamiento de los estados locales a los principios que ellos mismos acordaran respetar al concurrir al establecimiento de la Ley Fundamental Nacional. Por otra parte se afirmó también que, no obstante que lo relativo a la composición del tribunal de la causa se había considerado como no susceptible de revisión por la vía del art. 14 de la ley 48, tal principio cedía cuando se alegaba la violación de la garantía de los jueces naturales.

En el caso en estudio se sostuvo que la competencia atribuida a la Cámara de Diputados de San Juan para juzgar y remover a los magistrados judiciales que impugnaran la medida, en lugar del jurado que a los mismos fines preveía la anterior Constitución provincial, obedecía a la reforma de ese texto supremo local, por lo cual no existía la sustracción al juez natural, ya que por expresa disposición constitucional, el nuevo órgano sustituía al existente antes del hecho de la causa, en forma permanente y general para entender en asuntos de igual naturaleza. No existió, por tanto, ni una sustitución ilegal ni la creación de una comisión especial. Unicamente se habría violado la garantía de defensa en juicio si las facultades conferidas a la Cámara de Diputados no se adecuaren a los recaudos exigidos por la Constitución; o si se le hubiere asignado jurisdicción para entender en forma accidental. Por ello, la intervención de un nuevo órgano de juzgamiento en un asunto pendiente, creado en forma estable como consecuencia de reformas introducidas a las instituciones existentes en el anterior ordenamiento constitucional, no violentaba dicha garantía[13]

Por su parte en la causa “Lamonega” dijo la Corte que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires al declarar su falta de jurisdicción para entender en el cuestionamiento a la decisión de un jurado de enjuiciamiento local, privaba de la debida audiencia que garantiza el art. 18 de la Constitución Nacional, al negar todo fuero ante el cual presentar agravios; solución que no variaba por tratarse del funcionamiento de instituciones regidas por normas locales, ya que el ejercicio de facultades propias de los órganos provinciales, deben sujetarse a lo previsto por la Ley Fundamental Nacional. De lo contrario, si las personas que creyeran lesionados en su perjuicio derechos de raigambre constitucional no pudieran ocurrir ante los jueces para asegurar su protección, tales derechos así como las respectivas garantías quedarían desprovistos de eficacia [14]

Sin embargo, el  hito en la materia a nivel nacional fue el pronunciamiento recaído en la causa “Nicosia” en la cual el juez nombrado había sido destituido por el Senado Nacional mediante el procedimiento del denominado juicio político. El agravio se centró en la circunstancia que los dos hechos determinantes de su remoción no formaban parte del cuadro acusatorio elevado por la Cámara de Diputados, con lo cual se lo privó de ejercer su legítima defensa. La Corte recordó que si bien la doctrina elaborada a partir del caso “Graffigna Latino” lo había sido con relación a los procesos de enjuiciamiento de magistrados en el orden local, las razones que la fundaran eran igualmente aplicables en la especie. Que dos eran los hechos que justificaban esa orientación: por una parte, que unos y otros procesos de enjuiciamiento  -nacional y provinciales-  se encuentran protegidos por la garantía de defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional; y por otra que siempre que la violación a tal garantía provoque un perjuicio a derechos jurídicamente protegidos, era obligación del Poder Judicial  -de darse además los restantes recaudos que habilitan la vía recursiva- reparar el mismo conforme al principio de supremacía y de acuerdo al control de constitucionalidad judicial y difuso que le cabe ejercer. De tal forma, el caso “Nicosia” se convirtió en el primer antecedente a nivel federal en el cual la Corte ejerció el control de constitucionalidad sobre el procedimiento para la remoción de magistrados.

El Alto Tribunal trajo a colación la línea argumental expuesta en los precedentes en la materia, en cuanto había acogido las pretensiones deducidas, dejando sin efecto pronunciamientos de órganos locales, por considerar que los mismos, en dichos procesos de enjuiciamiento, no constituían “tribunales de justicia”. Pero que, y no obstante las razones que justificaban esos fallos, lo cierto era que el Senado de la Nación se erigía como órgano equiparable a un tribunal de justicia. A tal fin analizó las cláusulas constitucionales que avalaban tal conclusión: así, la norma que faculta al Senado a “juzgar en juicio público” (art.59) proceso que culmina con un “fallo” (art.60) así como diversos preceptos del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación que llevaban a igual conclusión. En tal marco, resultaba indudable que el mecanismo estatuido por la Constitución es un procedimiento destinado a administrar justicia, con la existencia de un acusador; un acusado y su defensa; la producción y recepción de pruebas y un fallo final; y por ende, nada obsta a que, en esas condiciones, el Senado sea equiparable a un tribunal de justicia a los fines recursivos.

Seguidamente, la Corte diferenció dos aspectos de la cuestión en debate: una, la relativa a las causales de destitución y la apreciación de los hechos que permiten encuadrar un caso dentro de las mismas; y otra, referente a los recaudos que deben observarse en cuanto al procedimiento tendiente a la destitución.

En torno al primer tema se sostuvo que los Padres Fundadores habían conferido a las cámaras la acusación y juzgamiento de los funcionarios pasibles de este proceso, por ser los órganos más representativos de la voluntad popular. En tal sentido, la reforma constitucional de 1860, al modificar el texto originario, incluyó como una causal de remoción el mal desempeño o mala conducta, la que no requiere la comisión de delitos, sino simplemente la comprobación de que no se encuentra en condiciones de cumplir con las funciones asignadas. Por tanto, todo lo atinente a la interpretación de la Constitución respecto a las causales de destitución por medio del denominado juicio político, como igualmente la apreciación del cuadro fáctico en el que es posible subsumir una conducta dentro de alguna de dichas causales, es potestad exclusiva del Senado y no está sujeta a revisión judicial.

En cambio, se encuentra sometido a control de constitucionalidad, el acatamiento por parte del Senado en cuanto a los presupuestos de  procedimiento que enmarcan el juicio político, ya que cabe al Poder Judicial juzgar si el ejercicio de una atribución  -incluso irrevisable en el fondo-  fue cumplida dentro del ámbito y de acuerdo a las formalidades exigidas por la Ley Fundamental. Así, se puso como ejemplo, que si alguno de los funcionarios enjuiciables alegara haber sido removido por una mayoría inferior a la exigida por el art. 59; o que los miembros del Senado no hubiesen prestado el juramento requerido por la misma cláusula; o que el fallo excediera las atribuciones conferidas por el art. 60, ninguna duda cabe que, llevado el caso a la órbita judicial, esos estrados estarían facultados para dejar sin efecto lo resuelto en violación de expresas previsiones constitucionales. Una decisión en tal sentido, no significaría reemplazar al Senado en su función de juzgar en juicio político y “ni siquiera rozaría la esencia de este instituto, ya que no abriría juicio sobre el desempeño o la conducta del acusado. Puesto en el lugar que, según el Tribunal, le corresponde, el pronunciamiento descalificatorio se sustentaría en el exclusivo hecho de que la atribución no habría sido ejercida de conformidad con los requerimientos a que la Constitución la condicionó para ser irrevisable; en otras palabras, que dicho ejercicio, por ausencia de alguno de sus recaudos imprescindibles, no podría ser reconocido como fruto de la atribución de que se trate”.

De todas formas, el control judicial sólo puede llevarse a cabo frente a patentes violaciones del derecho de defensa y siempre y cuando el interesado demuestre no sólo ello sino asimismo que la reparación del perjuicio alegado es conducente para variar la suerte del proceso; es decir, la acreditación que las formalidades exigidas por la Constitución en materia de juicio político, son sólo aparentes y encubren un real desconocimiento de tales requisitos, habilitaría la revisión por parte de la Corte. Se agregó que la inviolabilidad de la defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la Ley Fundamental reviste trascendental importancia, “tanto por el delicado bien que protege, cuanto por la muy significativa razón de que es a aquélla a la que le corresponde el honor de haber institucionalizado en forma específica y expresa el mencionado derecho”, por lo cual juicio e inviolabilidad de la defensa, “se encuentran eslabonados tan inescindiblemente, que su enlace en el citado art. 18 se proyecte, con necesidad, al ‘juicio’ de que habla el art. 45 cit., esto es, al llamado juicio político”. Siendo ello así, esa garantía de defensa asegura al imputado la posibilidad de probar su inocencia, sin que quepa diferenciar causas criminales, juicios especiales o procedimientos seguidos ante órganos administrativos, ya que todos ellos deben ofrecer la ocasión de hacer valer los medios de defensa y producir prueba, “proscribiendo los procedimientos que conducen necesariamente a la condena del imputado, porque no le permiten sino la apariencia formal de su defensa”.

Que así como el juicio político posibilita controlar las responsabilidades de los funcionarios enjuiciables por este procedimiento, la revisión judicial permite asegurar que el Senado se ajuste a los recaudos exigidos por tal mecanismo. Así, en el caso concreto en examen, la destitución dispuesta por el Senado en base a hechos ajenos a los que motivaran la acusación de la Cámara de Diputados, no sólo violaba el derecho de defensa del acusado, sino que asimismo importaba una invasión del Senado de las facultades exclusivas de la restante[15]

Por tanto, si la decisión final de la Cámara de Senadores dispusiera la remoción del Magistrado actualmente sometido a juicio político y ella violentara la garantía de la defensa en juicio, ese pronunciamiento podría ser objeto de control de constitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia, bien que integrada  -seguramente-  por conjueces.

 

 

 

(*) Carlos R. Baeza

Profesor titular de Derecho Constitucional

de la U.N.S.



[1] Carlos S.Fayt: Derecho político; Depalma; Bs.As.; 1988; t.I; p.305.

[2] Segundo V. Linares Quintana: Tratado de la ciencia del Derecho Constitucional; Plus Ultra; Bs.As.; 1977; t.I; p.87.

[3] George W. Paschal: Anotaciones a la Constitución de Estados Unidos; trad. de Nicolás A. Calvo; Peuser; Bs.As.; 1888; p.246.

[4] Reforma Constitucional de 1860: Universidad Nacional de La Plata; Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Instituto de Historia “Ricardo Levene”; Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires; La Plata; 1961; p.401.

[5] Reforma Constitucional de 1860: ob.cit.; p. 123.

[6] Joseph Story: Comentario sobre la Constitución federal de los Estados Unidos; trad. de Nicolás A. Calvo; La Universidad; Bs.As.; 1888; t.I; p.477.

[7] Alexis de Tocqueville: La democracia en América; trad. de Luis R. Cuéllar; Fondo de Cultura Económica; México; p.113.

[8] Diario de sesiones: 22 de abril de 1992.

[9] Fallos 238:58 y reiterado en Fallos 301:1226 y 302:186, entre otros.

[10] Fallos 308:961.

[11] Fallos 311:2320.

[12] Fallos 256:125, y 271:93, entre otros.

[13] Fallos 310.2845.

[14] Fallos 311:200.

[15] Fallos 316:2940.

 


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