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SUPLEMENTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO - DOCTRINA

La sombra de las inversiones a la hora de las velas

Por Florencio Travieso    

 

Hacia la definición un Estado moderno: las obligaciones de Servicio Universal y la política de servicios públicos solidarios y de calidad, de no exclusión, y precios razonables.-

La sombra de la amenaza terrorista resulta hoy, a la distancia, como un chiste de mal gusto, frente al oscuro destino que plantea la simple contemplación del escenario del colapso de la industria energética y el complejo diseño de políticas públicas tendientes a la regulación de los servicios públicos privatizados.-

Las respuestas han surgido desde todos los ámbitos y, sin duda, seguirán apareciendo y formando un muro de información técnica acerca de los alimentadores, elevadores y torres de tensión, la caída de una línea, los árboles, el viento y fenómenos meteorológicos algo incómodos. Y más incómodos y atípicos luego del embarazoso efecto "California", consagrado ya un hito en la historia de regulación económica.-

Más allá de las explicaciones posibles para justificar y adornar las circunstancias, -incluso en medio de una sofocada economía como la norteamericana-, el tema que deja de ser un titular en toda la discusión que existe en torno al "blackout"del pasado jueves 14 de agosto es, por una parte, el rol que han jugado las empresas prestatarias del servicio de líneas de alta tensión y, por otra, cuál debería ser la actitud del Estado ante las preguntas que formulan (y formularán) los ciudadanos y usuarios de un servicio público tan fundamental como la electricidad.-

Dentro de la lógica del mercado, las transportistas han operado de acuerdo a la razón guiada por criterios de rentabilidad y una disimulada política legislativa con la que han logrado desempeñarse sin una rigurosa red de control sobre sus actividades y, ante todo, sus inversiones.-

Por ello es que el segundo (y el más importante) protagonista resulta ser el Estado, quien -también por aquellas inquietas leyes del mercado- queda relativamente desprotegido ante la hegemonía económica de las energéticas y las endiabladas reglas regulatorias que, probablemente, hayan puesto el acento legislativo sobre la vocal incorrecta.-

La hora de las inversiones: la chispa que inicia la llama.-

La aplicación de una estructura normativa denominada "Servicio Universal" podría dar algunas respuestas, no sólo a las funciones que debe prestar el Estado como garante de la estabilidad, continuidad, regularidad de un servicio público, sino también respecto de las empresas prestatarias que, también, deberían perder la imagen de villanos de la película, con el control del interruptor maestro de la electricidad y de las inversiones.-

Las llamadas "Obligaciones de Servicio Universal "consisten en un conjunto
de prestaciones básicas previstas por la legislación a fin de garantizar la continuidad y calidad de un servicio público y la efectiva prestación del mismo en la totalidad de un área geográfica establecida y a un precio razonable. La definición del Servicio Universal responde, por un lado, a imperativos de servicio público, pero también a establecer un paliativo de la lógica del mercado y, al mismo tiempo, establecer la prioridad de las inversiones bajo el prisma de la solidaridad y la no exclusión de un servicio indispensable para los usuarios. Hasta el día de hoy, las obligaciones de servicio universal se han desarrollado ampliamente en los sectores de telecomunicaciones, correos y, en menor medida, obras y servicios sanitarios.-

La noción ha tenido un ágil desarrollo en la Unión Europea como contrapartida de la liberalización de los sectores de servicios públicos en red (services publics en réseaux). La aplicación del servicio universal en economías históricamente dominadas por monopolios estatales permite garantizar un pasaje no traumático hacia un mercado liberalizado, garantizando -como el caso de Francia- el cumplimiento mínimo de las obligaciones tradicionales de servicio público. La reciente directiva n° 2002/22/CE establece las bases de un régimen marco al cual los países europeos deberán adaptar sus legislaciones locales y, también -conforme el principio de subsidiariedad- complementar conforme sus particularidades nacionales.-

El desafío que presenta el hecho de brindar un servicio público de idéntica calidad (o un conjunto de prestaciones mínimas, o básicas) en zonas comúnmente denominadas "no rentables", se refiere a la manera en que se financiará este conjunto de inversiones a fin de mantener una prestación homogénea en la totalidad del territorio sujeto a la concesión. Para ello, se definen políticas públicas de creación de fondos de Servicio Universal a fin de financiar tales obligaciones. Estos fondos están conformados por los aportes parciales que realizan todas las empresas operadoras en la red, los usuarios, y el Estado.-

La creación de estos fondos fiduciarios -con la consecuente administración responsable y control sobre los mismos-, permiten administrar independientemente aquellas inversiones dirigidas al cumplimiento de las obligaciones de servicio universal, ampliación y mantenimiento de la red y renovación de infraestructura.-

De acuerdo con el diseño de algunas concesiones de servicios públicos, esta técnica de regulación permite la creación de un marco legal que prevea la planificación de inversiones y -en el supuesto de los cortes de tensión que reseñamos- tener presente que el control, mantenimiento y ampliación de la red debe ser una prioridad en la explotación de la energía eléctrica.-

Si bien su aplicación no resulta habitual en el sector energético, el hecho de replantear y rediseñar las facultades de la noción de servicio universal como garante de la expansión de las empresas prestadoras de servicios públicos permitiría un desarrollo gradual y acompañado por el Estado en las políticas de regulación.-

Creemos que el rol de un nuevo Estado debe estar ligado a crear un espacio fértil para el desarrollo de inversiones. Es también un desafío para el Estado participar activamente en el diseño de las políticas públicas, a fin de garantizar el mejor aprovechamiento de las inversiones y la expansión de la calidad de las prestaciones de los servicios públicos en un área cada vez más extensa.-

 


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