Año XIV - Nº 5259   Miércoles, 17 de Julio de 2019

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  La responsabilidad postcontractual  
     
  Por Marcelo J. López Mesa  
     
 


1. Proemio.
2. Naturaleza jurídica de la responsabilidad contractual.
3. Principales supuestos de responsabilidad postcontractual.
a) Asalariado desvinculado de su anterior contratante, que ingresa a trabajar para la competencia de aquél.
b) La responsabilidad del cedente de un fondo de comercio que incumple una obligación de no concurrencia.
c) ¿La obligación de garantía decenal del locador de obra es una responsabilidad postcontractual?.

 
     
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La responsabilidad postcontractual

 

Por Marcelo J. López Mesa [1]

 

1. Proemio.

 

Desde 1860 en adelante el derecho civil se orientó firmemente en favor de consagrar una responsabilidad precontractual o in contrahendo, que cubre las negociaciones previas al contrato y camino de él, de modo de generarse la responsabilidad de quien se apartara intempestivamente de las negociaciones o frustrara con su conducta expectativas legítimas del cocontratante[2].

No se duda hoy que así como existe una responsabilidad precontractual, atinente a los actos previos a la firma del contrato, también existe una responsabilidad postcontractual, que queda comprometida por ciertas actuaciones dañosas y antijurídicas de un antiguo contratante en perjuicio de otro.

Ahora bien, en la doctrina y jurisprudencia de nuestro país campea una gran confusión sobre los alcances y naturaleza de esta responsabilidad. Ello amerita algunas reflexiones liminares sobre ella, mettier que encararemos seguidamente.

 

2. Naturaleza jurídica de la responsabilidad contractual.

 

Cabe liminarmente hacerse algunas preguntas ¿cuál es la naturaleza jurídica de la responsabilidad postcontractual? ¿Es ella contractual? O, por el contrario, ¿su esencia es extracontractual?

En nuestra opinión su naturaleza será normalmente extracontractual o aquiliana.

En esta línea, bien ha expuesto MOSSET ITURRASPE que "como la precontractual esta responsabilidad se ubica fuera del contrato, lateral al mismo, luego de su extinción… Puede extenderse a numerosas actividades, como las del personal doméstico (mucamo, valet, ama de llaves) o bien de un secretario o empleado de escritorio, que en virtud de su actividad entra en conocimiento de aspectos técnicos, científicos, profesionales o íntimos, cuya revelación es dañosa para quien fuera el principal en la relación de trabajo. La revelación por el médico de François Mitterrand de sus dolencias es un caso patético. No se trata ya de la 'información', como en la etapa precontractual, sino de la discreción, del secreto, de guardar en reserva lo conocido, en virtud, con motivo o en ocasión de la relación extinguida. Son deberes secundarios que emergen de la buena fe, lealtad, probidad, para esta etapa poscontractual. Obviamente estos deberes se particularizan o concretan 'caso por caso', atendiendo a las circunstancias y a la especificidad de las situaciones"[3].

En palabras del maestro LE TOURNEAU, "Cuando el contrato no existe más, porque él ha acabado sus efectos, ha sido rescindido o resuelto, la responsabilidad que podrá ser posteriormente comprometida entre los antiguos contratantes no puede ser más que delictual"[4].

Ahora bien, que la esencia de esta responsabilidad sea normalmente extracontractual, no significa que ella no pueda, excepcionalmente adquirir raigambre contractual, cuando los contratantes regularan en su contrato la situación post contractual, estableciendo cláusulas que previeran ciertas obligaciones de no hacer y las consecuencias indemnizatorias de su incumplimiento. En este caso, todo incumplimiento a los compromisos así suscriptos podría entonces dar lugar a daños e intereses contractuales[5].

Dable es aclarar, llegado a este punto, que el Código Civil argentino sólo contempla dos categorías de responsabilidad (contractual y extracontractual), de modo que las denominaciones "responsabilidad precontractual" y "responsabilidad postcontractual" se justifican solo en la medida de que describen el período de tiempo en que se genera la responsabilidad: antes y después de la vigencia del contrato, respectivamente; pero ambas (responsabilidad precontractual o postcontractual) quedan subsumidas, según sea el caso, dentro del supuesto que corresponda, es decir, responsabilidad contractual o extracontractual, al no configurar ellas un tertium genus[6].

Pero, acerca de a cuál campo –si contractual o extracontractual- corresponde este tipo de responsabilidad llamado postcontractual, no existe una opinión única.

En un fallo nacional se dijo, en esta senda, que la responsabilidad nacida del contrato comienza y desaparece con éste pues, en principio, desde que el mismo ha agotado su finalidad típica, no puede suscitarse problema alguno con ocasión del contrato celebrado entre las partes[7].

ALTERINI-AMEAL Y LÓPEZ CABANA sostuvieron que "después de que el contrato ha agotado sus efectos jurídicos, algunos deberes que subsisten pueden ser transgredidos actuando con la culpa que es denominada postcontractual; por ejemplo la violación de los secretos de fábrica que haga un ingeniero de planta con posterioridad a cesar en sus funciones (ver art. 85, ley 20.744, t. o., dec. 390/76 sobre el deber de fidelidad del trabajador). Pero tampoco hay aquí una categoría especial de culpa, pues se subsume en la extracontractual. De una manera general, dice LALOU, corresponde aplicar los preceptos de la responsabilidad extracontractual cuando se comete culpa 'después del contrato, o al costado del contrato"[8].

Pero, pese a lo anterior, también ha dicho ALTERINI que "Lo postcontractual… sólo denota temporalmente a lo que es ulterior al cumplimiento de las obligaciones principales del contrato. Pero las obligaciones accesorias o secundarias que aun subsisten para las partes no pueden ser consideradas extrañas al contrato… el incumplimiento de deberes contractuales accesorios o secundarios –aunque las obligaciones principales hayan sido cumplidas- no está después del contrato, sino dentro del contrato, de lo cual se sigue que la responsabilidad emergente debe ser calificada como contractual[9].

 

3. Principales supuestos de responsabilidad postcontractual.

 

a) Asalariado desvinculado de su anterior contratante, que ingresa a trabajar para la competencia de aquél.

El ejemplo paradigmático que se brinda de esta responsabilidad es el de violación de la prohibición de concurrencia desleal, es decir, el caso del ex empleado de una compañía que ingresa a trabajar para la competencia de su ex patrón y revela secretos industriales que habían llegado a su conocimiento con motivo de su anterior trabajo[10], o el de quien vende un fondo de comercio y se instala luego en las cercanías con el mismo rubro[11].

 COUTURIER dice al respecto que "el asalariado que, después de haber dejado a su patrón, comete actos de competencia desleal respecto a su antiguo empleador compromete su responsabilidad delictual. Si él tiene el derecho de ponerse al servicio de una empresa competidora,  no debe ni revelar los secretos de fábrica ni utilizar medios desleales para atraer hacia su nuevo amo a los clientes del antiguo"[12].

De hacerlo incurriría en un hecho ilícito, generador de la obligación de responder civilmente frente a su anterior empleador, la que en nuestro entender sería un caso de responsabilidad extracontractual[13], salvo que se hubiera firmado un convenio que estableciera una cláusula de secreto o de no concurrencia y allí se hubiese establecido la obligación y una cláusula penal, supuesto en que la responsabilidad sería contractual, puesto que las partes han predeterminado los efectos del incumplimiento de la obligación y tasado el eventual perjuicio[14]

En los demás casos, cuando no existiera convenio de desvinculación, si el empleado revela secretos o compite deslealmente, se produciría una violación del deber general de no dañar a otro: el obrero o empleado está obligado a no dañar a su ex empleador, por lo que debe evitar la revelación de los secretos que aquél le transmitiera[15].  Y si no lo hiciera la responsabilidad seria aquiliana.

En esta línea se pronuncia VÁZQUEZ VIALARD, afirmando que el trabajador tiene la obligación de no revelar secretos profesionales, inventos, hechos y actos que hubiesen llegado a su conocimiento con motivo de la relación, entendiendo seguidamente que en tales casos la acción debe fundarse en el derecho común por hallarse extinta la relación[16].

En la jurisprudencia española se debatió un caso similar, resolviendo el Tribunal Supremo que "Los comportamientos del demandado (antiguo empleado del actor), entregando los muestrarios y listado de clientes de la empresa en la que trabajaba a la nueva donde pasa a prestar servicios, y utilizándolos, así como otros ya empleados de esta empresa, en beneficio de la misma, constituyen acciones culposas y señaladamente ilícitas susceptibles de configurar la responsabilidad contractual, en el caso del demandado, y la extracontractual también respecto a éste en cuanto a la utilización, y respecto a los demás empleados que realizaron ésta"[17].

El ejemplo dado nos introduce en el tema de las cláusulas de confidencialidad y sus límites: en la obligación del ejemplo, el supuesto sería el de una persona que firmase un pacto de confidencialidad, los que ahora son tan comunes, al dejar su cargo en una empresa y luego violase ese pacto divulgando secretos sobre prácticas de esa empresa, sin duda alguna que sería responsable del daño que causare, a menos que esas prácticas de la empresa fuesen en contra del bienestar general y la denuncia o divulgación pusiese en alerta a la población o al gobierno sobre ello, ya que el pacto de confidencialidad no puede primar sobre el bien común.

Este último aspecto se discutió durante un episodio de la guerra de las compañías tabacaleras norteamericanas, que terminó con un pago de éstas  a algunos adictos al tabaco, que las habían demandado, y que había comenzado a raíz de la denuncia de un ex gerente que, pese al pacto de confidencialidad, denunció a la compañía. La justicia americana decidió que estos pactos no pueden oponerse a la salud pública o al bienestar general, para en virtud de ellos mantener acallados datos o informaciones sobre actividades que la pongan en peligro. En el fondo es una aplicación de un viejo principio general, de gran raigambre en el derecho de common law: "salus populi, suprema lex est".

El Proyecto de Unificación Civil y Comercial de 1998 contempla expresamente la responsabilidad postcontractual, incluso bajo esa terminología, en el proyectado art. 1063, única norma integrante del Capítulo XIII "Postcontrato", del Título II del Libro IV del Proyecto.

Este artículo edicta que "Con ulterioridad al cumplimiento de las obligaciones principales propias del contrato las partes deben continuar actuando de buena fe. Este deber regula: a) La determinación de la existencia y de los alcances de las obligaciones accesorias que subsisten, por estipulación de partes, o por estar virtualmente comprendidas en el contrato. b) La restitución y la reparación de daños, en cuanto correspondan una vez producida la extinción del contrato según lo previsto en el Capítulo XII de este Título. c) La interpretación y el cumplimiento de tales obligaciones".

La norma en comentario constituye sin dudas un acierto del Proyecto, y pone las cosas en su sitio demostrando que la llamada "responsabilidad postcontractual" no está fuera del contrato, sino que constituye una fase particular del desarrollo del mismo. Al mismo tiempo, proporciona una valiosísima directiva hermenéutica, consagrando a la buena fe como la pauta que permitirá determinar en cada caso la existencia y el alcance de las obligaciones accesorias que subsisten en este período. Y aclara que, también aquí, sigue siendo la buena fe no sólo un principio dotado de fuerza jurígena, sino también la pauta principalísima que rige la interpretación y la ejecución del contrato.

Párrafo aparte merece el inciso (b) de este artículo 1063, pues lo que allí se regula importa incluir dentro del período "postcontractual" a la obligación de restituir y a la de indemnizar los daños y perjuicios nacidos como consecuencia de la resolución del contrato. Se da así expresa solución a una cuestión polémica, cual es la consistente en determinar el fundamento de ambas obligaciones, frente al hecho de que el contrato que les sirve de antecedente se encuentra extinguido por efecto de la resolución[18].

  

b) La responsabilidad del cedente de un fondo de comercio que incumple una obligación de no concurrencia.

Un segundo supuesto lo constituye la cesión de un fondo de comercio con obligación de no concurrencia accesoria, que es incumplida por el obligado.

En numerosos contratos, especialmente de concesión, la obligación de no competencia  o no concurrencia protege un elemento atractivo esencial para la venta del fondo que es la clientela[19].  

En principio, para que el obligado puede ser coactivamente obligado a cumplirla o responsabilizado por su incumplimiento, la cláusula de no competencia no debe significar un atentado demasiado grande a la libertad del deudor[20], y no impedirle seguir ejerciendo su actividad profesional.  Si la cláusula de no competencia, so capa de proteger al adquirente del fondo, constriñera al deudor a no ejercer más su actividad podría ser juzgada como una cláusula nula, a mérito de lo dispuesto por el art. 953 CC.

Es así que la cláusula de no competencia, para ser válida, debe ser limitada. Una cláusula de no competencia que no establezca un espacio y un tiempo al que se acote y que pretenda ser absoluta, implica una limitación total al cedente para el ejercicio de su actividad o profesión y debe juzgarse nula, por favorecer el monopolio o la falta de competencia.

Es así que la cláusula de no concurrencia debe acotarse necesariamente en el tiempo, en el espacio y en la actividad restringida, no siendo válida -en principio- una cláusula de no competencia que se extienda a todo el territorio nacional[21].

Las limitaciones deben ser reales y no solamente formales; así pues, una duración de 99 años equivale a una ausencia de limitación, porque ella se extiende sobre varias generaciones: en escala de la vida llamada activa, un siglo, es casi la eternidad[22].

Las limitaciones en cuanto al espacio, al tiempo y al objeto o actividad son insuficientes. Ellas además no deben ser desproporcionadas "respecto al objeto del contrato"[23].

Es así que la validez de las cláusulas de no competencia deben guardar una razonable proporción entre la legitimidad del interés del acreedor de no competencia y la protección de la libertad económica del deudor de no competencia[24]

Cuando la cláusula de no competencia no cumple las condiciones indicadas, ella es nula. Pero esta nulidad es de protección: Sólo el asalariado puede invocarla[25]

En tal situación, una cláusula así sería incoercible en caso de no ser acatada voluntariamente por el obligado.

En cambio, si la cláusula fuera válida y el obligado no la cumpliera, entraríamos en un supuesto de responsabilidad postcontractual, que igualmente debería reconducirse normalmente al ámbito de la responsabilidad aquiliana, dado que el rubro responsabilidad postcontractual no tiene recepción en nuestro derecho privado vigente.

 

c) ¿La obligación de garantía decenal del locador de obra es una responsabilidad  postcontractual?.

Por lo general, en los supuestos de responsabilidad derivada de la deficiente construcción de un inmueble existe un previo contrato que liga a las partes; dicho contrato puede ser incluso verbal. Normalmente el vínculo jurídico que une a las partes será un contrato de locación de obra o algún contrato sui generis, atípico o innominado que sustancialmente se le pueda equiparar en cuanto a su esencia y efectos.

Conviene recordar que la diferencia esencial entre la locación de obra (locatio operis) y la de servicios (locatio operarum) estriba en que en esta última, el objeto del contrato es la prestación de trabajo en sí mismo, no el resultado que produce; en cambio, en la primera, lo comprometido es un resultado, sin considerar el trabajo que lo crea[26]; es por ello que, en la locación de obra, las obligaciones del locador son normalmente obligaciones de resultado[27], mientras que en la de servicios, suelen serlo de medios[28].

Existiendo normalmente tal contrato previo, la responsabilidad en que pueden incurrir los profesionales de la construcción, en principio, será contractual, y quedará configurada por el incumplimiento de lo pactado[29].

Excepcionalmente se configurará un supuesto de responsabilidad extracontractual del locador de obra, si ello degenera asimismo en un delito del derecho criminal -art. 1107 y su doctrina del Código Civil- o si afecta a terceros ajenos a la relación contractual, como podrían ser vecinos que ven afectados sus inmuebles por la realización de las obras, transeúntes que se lesionan al caer en un pozo no señalizado por el locador de obra, etc, supuestos éstos analizados en el segmento final del estudio.

Es así que, según creemos, y a tenor de las disposiciones actualmente vigentes de nuestro Código Civil que distingue dos órbitas de responsabilidad, una contractual y otra extracontractual, no cabe sino analizar cuáles supuestos de responsabilidad derivada de la construcción deben encasillarse en el segmento mayoritario, que es el contractual, y cuáles excepcionalmente son encuadrables en la órbita aquiliana.

Sin embargo, cabe referir que, en posición solitaria, el Prof. VALLESPINOS ha sostenido que: "el tratamiento bifurcado que viene haciendo la doctrina entre responsabilidad contractual y extracontractual de los arquitectos, ingenieros y demás profesionales de la construcción es parcial por cuanto también existen responsabilidades precontractuales y postcontractuales de dichos profesionales. Dicho de esta manera, propiciamos un sistema único de responsabilidad civil que abarque estas cuatro grandes situaciones jurídicas: precontractual, contractual, postcontractual y extracontractual. De esta forma será posible hacer realidad el principio de reparación integral por los daños injustamente padecidos"[30].

Sin dejar de reconocer que de lege ferenda tal postura podría llegar a ser interesante, consideramos que, de lege lata, dado el distinto tratamiento legal que la responsabilidad contractual tiene respecto de la aquiliana, corresponde distinguir y analizar separadamente la responsabilidad del locador de obra cuando es contractual de cuando escapa a dicho ámbito, y debe ser subsumida en el cuadrante aquiliano. La ley vigente así lo exige.

Nuestro Código Civil en vigencia consagra un régimen diferente para las obligaciones indemnizatorias de fuente contractual de las de génesis aquiliana. Unificar ambos regímenes –normativamente diversos en cuanto a sus efectos y consecuencias- en un solo régimen unificado –inexistente al presente, salvo en las expectativas de la doctrina y en las declaraciones de los congresos- implica hacer tabla rasa con la legislación vigente, lo que no parece prudente ni admisible.

No puede dejar de tenerse presente que, no puede el intérprete de una norma prescindir de sus términos al interpretarla, porque hasta allí no llega la autorización hermenéutica que el ordenamiento le concede.

Por último cabe consignar que en algún fallo se ha pretendido encuadrar uno de los supuestos de responsabilidad del constructor –el previsto en el art. 1646 CC- dentro del casillero de la responsabilidad postcontractual.

En dicho caso, la Cám. CC de La Matanza, Sala I resolvió que: "Corresponde calificar como un caso de responsabilidad post-contractual que encuadra en el art. 1646 del Cód. Civil, aquella en la que se le atribuye responsabilidad a un constructor por la caída de un muro que construyó, pues se trata de un edificio u obra en inmueble destinado a larga duración, recibido por el que lo encargó, siendo responsable el constructor por vicios en la construcción, toda vez que pesa sobre el mismo una presunción legal de responsabilidad y que para eximirse de ella debe acreditar una causa ajena"[31],

No estamos de acuerdo con el encuadramiento hecho en el fallo aunque sí con la solución del mismo. Nos parece un yerro la subsunción dentro del concepto de "responsabilidad postcontractual" de un supuesto que claramente corresponde a la responsabilidad contractual; ello, por varias razones:

a) el art. 1646 contempla indudablemente un caso de responsabilidad contractual;

b) el plazo de diez años que establece la norma constituye un efecto del contrato: una suerte de garantía de la obra por parte de quien la construyó, garantía que es de orden público y no puede ser dejada sin efecto por las partes en una cláusula contractual;

c) no cabe en consecuencia considerar postcontractual a una responsabilidad expresa, consagrada por el Codificador, como derivación directa de la mala ejecución de un contrato de obra que la ruina presupone;

d) conceptualmente la responsabilidad postcontractual –que en nuestro Código no tiene recepción normativa- tiene en cuenta las obligaciones que incumben a las partes contratantes después de la perfección y consumación de los efectos de un contrato; es decir se trata de una responsabilidad surgida de un contrato de manera mediata, luego de agotados los efectos de éste, normalmente por incumplimiento del deber de actuar de buena fe con posterioridad a la finalización de la vigencia y efectos de un contrato[32];

e) mientras no se hallen agotados los efectos convencionales o legales de un contrato no cabe postular que puede generarse a partir del mismo un supuesto de responsabilidad postcontractual. En caso de producirse la ruina de la obra dentro del plazo de diez años de recibida la misma, la responsabilidad no será postcontractual, sino claramente contractual, puesto que el art. 1646 establece un plazo de garantía de orden público que los contratos entre particulares no pueden modificar y que necesariamente se integra a las convenciones de éstos;

f) por lógica, no puede predicarse la postcontractualidad de un supuesto en que el propio Código Civil en su art. 1646 establece un plazo de caducidad de diez años –que sustancialmente es un plazo de garantía- para las obras destinadas a larga duración[33]

g) el Código Civil solo prevé dos categorías: responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual, de modo que las denominaciones "responsabilidad precontractual" o "responsabilidad postcontractual" se justifican sólo en la medida en que describen el período de tiempo en que se genera la responsabilidad: después de la vigencia del contrato; pero dicha responsabilidad postcontractual queda subsumida, dentro del supuesto que corresponda, es decir, responsabilidad contractual o extracontractual, al no configurar ella un tertium genus en el Código Civil argentino[34].

En tal situación disentimos de la calificación de "responsabilidad postcontractual" que la Excma. Cámara de La Matanza diera a un supuesto, a nuestro juicio, un caso patente de responsabilidad contractual; pese a ello coincidimos en que correspondía allí responsabilizar al constructor por los daños y perjuicios ocasionados por la caída de un muro, si la construcción del mismo no fue calculada para soportar el tipo de esfuerzo producido por el viento y la caída se produjo dentro del plazo del art. 1646 CC[35].

Nos parece claro, sin embargo, que dicha responsabilidad tenía naturaleza contractual. Por ello no coincidimos con el encuadramiento de este supuesto dentro del tema que motiva este estudio.

   

 
 

 


[1] Académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba - Profesor Titular de Derecho Civil (Universidad Argentina de la Empresa (UADE) – Prof. Titular de Derecho Civil en el Doctorado con orientación en Derecho Privado de la UCES -  Secretario General de la Asociación Iberoamericana de Derecho y Arbitraje - Postgraduado en Derecho Civil (Universidad de Salamanca, España, 1995) - Actualizador del "Código Civil anotado", de Salas y Trigo Represas (redactor de los tomos 4-A y 4-B de dicha obra) - Co-autor conjuntamente con el Dr. Félix A. Trigo Represas del "Tratado de la responsabilidad civil"  - Director de la colección "Dos mundos del Derecho Civil", de Editorial Reus de Madrid.

[2] LÓPEZ MESA, Marcelo J., en  TRIGO REPRESAS, Félix A. – LÓPEZ MESA, Marcelo J., Tratado de la responsabilidad civil, Edit. La Ley, Bs. As., 2004, T. II, p. 889; MOSSET ITURRASPE, Jorge, El ámbito de la responsabilidad contractual: lo extra, lo pre y lo postcontractual, en "Revista de Derecho Privado y Comunitario", Nº 17, p. 202.

[3] MOSSET ITURRASPE, Jorge. "El ámbito de la responsabilidad contractual: lo extra, lo pre y lo poscontractual", en: "Revista de derecho privado y comunitario", Nº 17, pp. 205/206. 

[4] LE TOURNEAU, Philippe, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, París, 2004, p. 248, Nº  912.

[5] LE TOURNEAU, Philippe, Droit de la responsabilité et des contrats, cit, p. 248, Nº  912.

[6] Cfr. LÓPEZ MESA, Marcelo J. , en LÓPEZ MESA - TRIGO REPRESAS,  Responsabilidad civil de los profesionales, Lexis Nexis, Bs. As., 2005, p. 622; TRIGO REPRESAS, Félix A. – LÓPEZ MESA, Marcelo J., Tratado de la responsabilidad civil, cit., T. II, p. 889; ALTERINI, Atilio, Contratos. Civiles –comerciales- de consumo. Teoría general, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1998, p. 345.

[7] CNCiv., Sala B, 30/11/97, "Las Heras, Antonio c/ Salgado de Licciardo, Rita y otro", LL 1997-E-1033 (39.866-S) y DJ 1997-3-715, SJ. 1424.

[8] ALTERINI, Atilio A.- AMEAL, Oscar J.- LÓPEZ CABANA, Roberto M. Derecho de obligaciones civiles y comerciales, Abeledo-Perrot, Bs. As., 1996, p. 187, Nº 444.

[9] ALTERINI, Atilio, Contratos. Civiles –comerciales- de consumo. Teoría general, cit, p. 529.

[10] AMIEL-DONAT, J., Les clauses de non-concurrence en droit de travail, Litec, París, 1998, pp. 12, 23 y ss.; SERRA, Yves, La qualification professionnelle du salarié, élément déterminant de la validité de la clause de non-concurrence en droit du travail, en Dalloz, t. 1996, sec. Chroniques, p. 245.

[11] SERRA, Yves, La validité des clauses de non-concurrence. De la vente du fonds de commerce au contrat de franchisage, en Dalloz, t. 1987, sec. Chroniques, p. 113.

[12] Cfr. COUTURIER, G., Droit du travail, edic., PUF, 1996, t. I, Nºs 190 s.

[13] En igual sentido, LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et contrats, cit, p. 248, Nº 914.

[14] En este sentido, Corte de Apelaciones de Versailles, 10/10/94, en Dalloz, t. 1995, sec. Inf. Rapides, p. 207, con nota de Ives SERRA, donde se enfatiza la necesidad de ejercitar los poderes moderadores del juez en caso de cláusula penal abusiva, que suele ser común en estos casos.

[15] También puede darse el caso de que sea el empleado quien sufre un daño a consecuencia de su desvinculación. Para estos supuestos, el derecho español  receptó la llamada "indemnización por clientela", acogida por el art. 28 de la LCA, que reconoce a los agentes en ellas previstos el deecho a percibir un acrecimiento de su indemnización al momento del cese. Este benficio se debe al hecho de que la clientela, incrementada de forma sensible por el agente, continúa produciendo ventajas sustanciales al empresario una vez extinguido el contrato de agencia, siendo por tanto distinta a la "indemnización de daños y perjuicios" del artículo 29 LCA, ésta sí con finalidad resarcitoria- encuentra su encaje legal en el artículo 28 LCA, y dicho precepto exige determinados requisitos para que el agente pueda tener derecho a dicha "indemnización", aparte, lógicamente, de la extinción del contrato (Audiencia Provincial de Cantabria, sec. 3ª, 29/7/00, sent. Nº 303/2000, ponente: Sr. Alonso Roca, en sist. Inform. El Derecho, caso 2000/38094). La Audiencia Provincial de Salamanca, ha destacado en un fallo que  mediante la indemnización por clientela se corrigen eventuales resultados injustos "a la luz de la justicia conmutativa a que irremediablemente conduciría un "gratuito" aprovechamiento postcontractual de los beneficios generados por una actividad o esfuerzo ajenos" (AP de Salamanca, fallo del 9/6/97, inédito).

[16] VÁZQUEZ VIALARD, Antonio, Derecho del trabajo y de la seguridad social, Bs As, Astrea, 1992, t. I, p. 536.    

[17] Trib. Supremo de España, Sala 1º, Sent. 11/2/93, ponente: Sr. Ortega Torres, LL (Esp.) t. 1993-2, p. 714 (15292-R).

[18] Vid. BUERES, su voto en el ya citado plenario de la CNCiv., in re  "Civit, Juan c/ Progress S.A. y otro", LL 1990-B-474; LÓPEZ MESA, Marcelo J., en  TRIGO REPRESAS, Félix A. – LÓPEZ MESA, Marcelo J., Tratado de la responsabilidad civil, cit, T. II, p. 894.

[19] LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et contrats, cit, p. 250, Nº 921.

[20] Corte de Casación francesa, Sala Comercial, sent. 4 de junio de 2002, en RJDA 2002, nº 1228.

[21] Corte de Casación francesa, Sala social, 25 de marzo de 1998, en Recueil Dalloz, t.. 1998, sec. IR, p.  132.

[22] Cám. Apel. Reims, 12 oct. 1976, en Dalloz, t. 1977, p. 278.  

[23] Corte de Casación francesa, Sala comercial, 4 enero 1994, en Dalloz. 1995, 205; ídem,  16 dic. 1997, en Bulletin civile, t. IV, Nº 338.

[24] LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et contrats, cit, p. 250, Nº 923.

[25] LE TOURNEAU, Droit de la responsabilité et contrats, cit, p. 251, Nº 925.

[26] Cfr. CASTÁN TOBEÑAS, José, Derecho Civil español, común y foral, 12ª edic., Reus, Madrid, 1985,  T. 4, p. 471.

[27] El contrato de arrendamiento (locación) de obra es aquél en el que el profesional se obliga a prestar al comitente, no propiamente su actividad profesional, sino el resultado producido por la misma, o lo que es igual, una prestación de resultado íntimamente ligada con la finalidad deseada y prevista por los contratantes (Tribunal Supremo de España, Sala 1ª, 30/5/87, ponente: Sr. López Vilas, LA LEY (Esp.), t. 1987-3, p. 749 (9338-R).

[28] LÓPEZ MESA, Marcelo J. , en LÓPEZ MESA - TRIGO REPRESAS,  Responsabilidad civil de los profesionales, Lexis Nexis, Bs. As., 2005, p. 619.

[29] TERNEYRE, Philippe, Moyens d'ordre public soulevables d'office en matière de responsabilité des constructeurs, Recueil Dalloz, t. 1990, sec. Sommaires commentés, p. 66; TRIGO REPRESAS, Félix A. – LÓPEZ MESA, Marcelo J., Tratado de la responsabilidad civil, cit., T. II, p. 598; BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, Teoría general de la responsabilidad civil, 9ª edic., Bs. As., Abeledo-Perrot, 1997, cit., p. 534, Nº 1501; CAZEAUX, Pedro N. - TRIGO REPRESAS, Félix A., Derecho de las Obligaciones, Edit. Platense, La Plata, 1996, T. V, p. 670, Nº 3013; LÓPEZ MESA, Marcelo J. , en LÓPEZ MESA - TRIGO REPRESAS,  Responsabilidad civil de los profesionales, cit, p. 620; MOSSET ITURRASPE, Jorge, Responsabilidad por daños, Ediar, Bs. As., 1971, t. II-A, pp. 171 y ss.; SPOTA, Alberto G., Tratado de locación de obra, 3a ed., Bs. As., Depalma, 1976, t. II, pp. 111 y s., Nº  264; MOLINA, Inés Elena, Responsabilidad de los profesionales de la construcción por ruina, Ábaco, Bs. As., 1988, p. 39.

[30]VALLESPINOS, Gustavo, Responsabilidad civil de arquitectos, ingenieros y demás profesionales de la construcción, en "Obligaciones y contratos en los albores del siglo XXI. Homenaje al  Prof. Dr. Roberto M. López Cabana", Abeledo-Perrot, Bs. As. 2001,  p. 399.

[31] Cám. CC La Matanza, Sala I, 10/9/02, "Valbuena García, Amancio c. Gamarra, José y otro", en RCyS, Año VI, Nº I, Enero-Febrero de 2004, pp. 60 y ss.

[32] Vid. TRIGO REPRESAS, Félix A. – LÓPEZ MESA, Marcelo J., Tratado de la responsabilidad civil, cit., T. II, pp. 889/894.

[33] LÓPEZ MESA, Marcelo J. , en LÓPEZ MESA - TRIGO REPRESAS,  Responsabilidad civil de los profesionales, cit, p. 622

[34] Cfr. TRIGO REPRESAS, Félix A. – LÓPEZ MESA, Marcelo J., Tratado de la responsabilidad civil, cit., T. II, p. 889; en igual sentido, ALTERINI, Atilio, Contratos. Civiles –comerciales- de consumo. Teoría general, Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1998, p. 345.

[35] Cám. CC La Matanza, Sala I,  10/9/02, "Valbuena García, Amancio c. Gamarra, José L. y otro", RCyS, 2004-I, 59.

 

 
 

 

 

 

 
 

 

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